El gobierno dominicano anunció su disposición de escuchar alegatos empresariales ante el proyecto de ley depositado en el Congreso de indexación de los precios de los combustibles. Hay una reunión pautada para la semana que viene.
Antes de tomar o anunciar una medida que supone controversial, la prudencia en el ejercicio del poder aconseja medir el grado de conflictividad/aceptación que puede provocar para saber si es manejable o conveniente. Gobernar no es complacer o procurar ser tan equilibrista que nada cambie, pero escuchar, dialogar, como temperamento, nunca puede abandonarse.
La verdad es que el FMI “consintió” la expansión del gasto gubernamental –contrario a su ortodoxia- en el primer semestre de este año, en el entendido de que así se reactivaría la economía – y así fue: la economía creció- con el compromiso de que en el segundo semestre el gobierno procurara la “consolidación fiscal”, que no es más que hacer acopio adicional de recursos para cubrir “contingencias” como las del sector eléctrico y el pago de la deuda pública.
Unos y otros tendrán razones para querer hacer o no hacer lo pactado con el FMI. Pero esta nueva escaramuza no puede terminar -¡por favor!- en otro parche fiscal para salir del paso.
Sería bueno aprovechar la ocasión de este diálogo gobierno-empresarios para tratar la sostenibilidad fiscal de un modelo económico en el que 40% de los negocios y empleos formales proveen el 100% de los ingresos tributarios, con un gasto tributario anual equivalente al 25% de los ingresos tributarios del Estado (104 mil millones de pesos), creciente endeudamiento público y demandas ciudadanas –siempre postergadas- por mejor educación, salud, transporte, más empleo y estímulo a la producción.
Y también para revisar el gasto público, cómo mejorar su calidad, cómo redirigirlo, para que tenga mejor impacto en el empleo y bienestar ciudadano.
Santo Domingo, 30 de julio de 2010
roberto@perspectivaciudadana.com
