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Otro “fallo histórico”
max puig | elcaribecdn.com.do | 30-12-2003
    

Max Puig es abogado, sociólogo y dirigente político dominicano. Perspectiva Ciudadana agradece al autor el envío de este artículo.

Los jueces de la JCE querían disfrutar de las festividades. Tenían prisa por resolver la litis del PRD “antes de comerse el puerquito de Navidad”. Emitieron su fallo y se fueron a celebrar. La mayoría de ellos seguramente festejó la entrega de la candidatura presidencial y el control del PRD al presidente Mejía y sus parciales. A esto conduce, en los hechos, una decisión de hondas repercusiones políticas e institucionales y huérfana de soporte jurídico.

Como si fuese necesario, los tres magistrados que controlan la Cámara Contenciosa volvieron a demostrar lo que ya se sabía: que el país acusa una gran debilidad institucional, que la mayoría de los jueces electorales le pasan por encima a la ley para servir su causa partidaria y que el presidente y su grupo están dispuestos a todo, aún a riesgo de conducir la nación hacia confrontaciones peligrosas. El considerar las decisiones de la JCE como inapelables ha permitido las mayores iniquidades, como lo evidencia el “fallo histórico” de 1978. Una situación similar podría producirse ahora con la decisión sobre el PRD, de no prosperar el recurso ante la Suprema Corte de Justicia que ha sido anunciado. Al declarar válidas las dos convocatorias al Comité Ejecutivo Nacional perredeísta, la Junta se obligaba a determinar cuál de las dos reuniones de este organismo había alcanzado el quórum reglamentario. Sin embargo, en la JCE no había registros sobre su composición, ausencia que refleja descuido, tanto del tribunal electoral como de la dirigencia del PRD.

Tres jueces de la Cámara Contenciosa decidieron suplir la negligencia estableciendo por sí mismos la lista de miembros del CEN. Pero en vez de investigar cuál de las listas se apoyaba en la ley, en los estatutos del partido y en sus asambleas o convenciones, se extralimitaron en sus funciones y aplicaron un criterio traído por los pelos y sin ningún sustento jurídico: colocaron las dos listas en el mismo plano, las cotejaron y decidieron “proclamar” como miembros del CEN a quienes aparecían en ambas, adicionándoles los senadores y diputados, en tanto miembros de pleno derecho. En la práctica, proclamaron una dirección partidaria mediante un procedimiento anómalo. Los tres magistrados llegaron más lejos: sin que nadie se lo pidiera, decidieron abrir la convención del PPH a nuevos precandidatos, ofreciéndole a esta facción la hoja de parra supuesta a cubrir su desnudez política.

Los derechos sin garantías no son tales. Cuando los vacíos de la ley dejan a los encargados de aplicarla márgenes tan amplios que permiten su virtual desconocimiento, se abandona el campo del derecho y se cae en el de la arbitrariedad. Leyes que permiten abusos como los comentados crean inseguridad jurídica y no son compatibles con un Estado de derecho. Se impone su modificación, como se hace urgente también la aprobación de una ley de partidos políticos.

Mientras tanto, el fallo histórico de corte pepehachista confirma la determinación de la facción reeleccionista de violar la ley y de abusar de los instrumentos del poder bajo su control, amenazando las libertades públicas y los derechos democráticos. No obstante, el descalabro puede y debe ser evitado. Responsabilidad ciudadana y vigilancia democrática, nacional e internacional, son exigencias de la hora.

Dirección electrónica: max.puig@codetel.net.do

 

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