El Tribunal Supremo de Estados Unidos eliminó ayer cualquier límite a la financiación por parte de empresas privadas a campañas políticas en el país, considerando las leyes vigentes al respecto una violación de la primera enmienda a la constitución, que garantiza la libertad de expresión, y que desde ayer, gracias a esta decisión, se aplica por igual a ciudadanos individuales, a asociaciones y a agrupaciones empresariales.
"Si la primera enmienda tiene alguna fuerza", dijo el juez Anthony Kennedy al redactar la opinión de la mayoría conservadora del Tribunal, "es la de prohibir al Congreso la sanción o el encarcelamiento de ciudadanos, o agrupaciones de ciudadanos, simplemente por expresarse políticamente".
De este modo, la máxima instancia judicial del país contradice dos decisiones propias emitidas previamente, según las cuales las empresas privadas no podían usar sus beneficios económicos para apoyar u oponerse a las campañas de candidatos políticos. Los juristas y expertos interpretaban ayer que la medida se puede aplicar también a los sindicatos, que hasta ahora tampoco podían apoyar públicamente a un candidato determinado.
El presidente, Barack Obama, criticó la decisión por ser, según dijo en un comunicado, "una gran victoria para las compañías petrolíferas, los bancos de Wall Street, las compañías aseguradoras y otros intereses poderosos que ejercen su poder cada día en Washington para ahogar las voces de los americanos de a pie".
La juez recientemente nombrada por Obama, Sonia Sotomayor, votó en contra de la decisión de la mayoría, que fue aprobada por un solo voto de diferencia, cinco contra cuatro.
