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Dado que la educación superior de calidad cuesta y cuesta mucho, las cuestiones del acceso con equidad a la misma deben ser abordadas del lado del numerador y no del lado del denominador.


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El acceso a la educación superior: financiamiento de la equidad
Julio Sánchez-Maríñez | perspectivaciudadana.com | 06-06-2011
    

Dado que la educación superior de calidad cuesta y cuesta mucho, las cuestiones del acceso con equidad a la misma deben ser abordadas del lado del numerador y no del lado del denominador. Pretender viabilizar el acceso a la educación superior de calidad por los prospectos con meritos académicos pero desfavorecidos socio-económicamente sobre la base de costos bajos sería lo mismo que cercenar las posibilidades de una buena educación superior para todos incluyendo a los estudiantes de menores recursos económicos. 

Hay que tomar en cuenta que, en términos de educación superior, lo universal deben ser las oportunidades de aquellos que por sus potenciales intelectuales y de personalidad reúnen condiciones fundamentales para emprender estudios superiores, profesionalizantes o académicos.

Por supuesto, ofrecer oportunidades para todos en materia educativa es una cuestión de orden sistémico: las oportunidades deben empezar desde los niveles más fundamentales de la pirámide educativa, la educación inicial y la básica, y extenderse hacia la educación media.  Lo que no se ha resuelto allí no puede ser resuelto en el nivel superior.  Parodiando el viejo refrán castellano, puede decirse que lo que en los fundamentos no se puso, Salamanca no presta.

La educación superior, si es de calidad, es selectiva y meritocrática.  Hay que extender a cualquier país lo que refiriéndose al suyo expresó Juan Enríquez Cabot, máximo ejecutivo de la firma innovadora Biotechnology: “Yo pediría a EL Salvador, por ejemplo, que tenga el mismo cuidado al elegir a quienes reciben educación superior que el que tiene para elegir una selección nacional de futbol”.

Para que la educación superior de calidad sea selectiva en términos de condiciones intelectuales y psicológicas de sus estudiantes y no en términos socio-económicos, se requiere además de financiamiento del acceso a la misma por parte de aquellos que no cuentan con los recursos económicos propios para solventarla. Aquellos que han  alcanzado el potencial para emprender estudios superiores pero que no cuentan con los recursos económicos y otras condiciones materiales para realizar estudios superiores deben tener la oportunidad del financiamiento público, en primer lugar, o privado empresarial, como complementario al primero, en segundo lugar.

El financiamiento del acceso a la educación superior por el Estado y por el sector privado puede tomar distintas modalidades.  Una de ellas son las becas, otorgadas ya en forma directa como en forma concursable. En cualquier caso deberían otorgarse a quienes reúnen las condiciones requeridas para prometer éxito en sus estudios superiores salvo los financieros y materiales.  En tal sentido, más que un regalo, serian un reconocimiento.  Serian un regalo si, como becas, que no implican retornar nada material a cambio, salvo dedicarse  a los estudios y tener un buen desempeño académico, se otorgaran a cualquiera por razones otras que por sus meritos académicos y perfil personal orientado a los estudios superiores.  Si se otorgan a quienes demuestran tener esas ultimas condiciones, sin favoritismo ni clientelismo, son entonces un reconocimiento a ese potencial.

En un mundo de recursos escasos, las becas, especialmente aquellas con financiamiento público, deberían ser concursables.  Las recibirían aquellos que califiquen mejor en un proceso de decantamiento legítimo y transparente. 

En un mundo de recursos escasos probablemente sea, a la larga, más equitativo y sostenible preferir otra modalidad de financiamiento público (o privado) del acceso a la educación superior: el crédito educativo. Como sabemos, crédito educativo es un préstamo con el cual el estudiante así beneficiado cubre todo (o parte importante) de los costos de sus estudios superiores.  Al finalizar sus estudios el beneficiario,  ya un profesional y en el mercado laboral, paga dicho préstamo. De esta manera los fondos de crédito educativo son de carácter rotatorio y, bien administrados, permiten apoyar a estudiante tras estudiante, generación tras generación.

El crédito educativo, focalizado  (y bajo ciertas condiciones, subsidiado) a estudiantes de los estratos socioeconómicos más bajos ha sido propuesto como una política social de acceso con equidad a la educación superior. Según Jamil Salmi, Coordinador para Educación Superior del Sector de Red Educativa para el Desarrollo Humano del Banco Mundial, el crédito educativo es un mecanismo económico social en uso hoy en día en más de 60 países. En América Latina, las instituciones participantes en programas de crédito educativo  se asocian  en su mayoría en la Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo (APICE). APICE congrega a sesenta instituciones y programas de crédito educativo de América y mantiene relaciones con bancos, cooperativas, cajas de compensación y demás entidades que ofrecen alternativas para el crédito educativo. En República Dominicana contamos desde 1964 con la Fundación APEC de Crédito Educativo (FUNDAPEC) como institución especializada en el crédito educativo

Además de las instituciones  especializadas  en fondear y gestionar programas de crédito educativo, las propias  instituciones de educación superior se han vinculado de diversas maneras con estas iniciativas.  Así, han creado fondos propios de crédito educativo, administrados por ellas mismas o, muy a menudo,  mediante alianzas con las instituciones especializadas de crédito educativo. También han establecido mecanismos de pago para facilitar la cobertura de los compromisos financieros de sus  estudiantes a través de alianzas con entidades financieras  (por ejemplo, con bancos para compartir el riesgo de estos  créditos como en  Chile con INGRES o en El Salvador con el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), o para permitir pagos con tarjeta de crédito bajo condiciones especiales (créditos prorrateados) de componentes de los gastos educativos no cubiertos por los créditos.

Los programas de crédito educativo pueden convertise en un negocio interesante para los bancos en la perspectiva de la responsabilidad social corporativa (y no pura filantropía), permitiéndoles  ampliar su balance social invirtiendo en una línea rentable socialmente, creando o aumentando la buena voluntad (goodwill) hacia ellos por parte de las familias y, simultáneamente, captando clientes con los que establecerán vínculos que permanecerán  cuando sean profesionales y ocupen distintas posiciones en el mundo público o privado, agradecidos moralmente por haber sido apoyados en la realización de sus estudios.

De hecho, como ha reportado Jorge Téllez, “entidades bancarias participan de diversas maneras: con sus propios recursos, mediante la apertura de líneas de crédito para educación similares a los créditos de consumo, con corto plazo e intereses comerciales o un tanto menores que estos; o aliadas con bancos gubernamentales de segundo piso como el BMI de El

Salvador, que opera el programa SIGUESTUDIANDO, o la Caja Económica Federal de Brasil, que ha sido el ente operador de miles de créditos educativos que el gobierno administra y otorga mediante programas como el Financiamiento Estudiantil (FIES)”.

La intervención de los bancos y de otras entidades financieras en programas de crédito educativo requiere, para ser más amplia y efectiva, de intervenciones comlementarias, en general por parte del Estado, tanto en lo relativo al establecimiento de garantías y de otras modalidades que permitan distribuir y mitigar los riesgos asociados a este tipo de préstamos, como con iniciativas legislativas y administrativas que faciliten y maximicen la capacidad de recuperar dichos préstamos mediante el pago oportuno de los mismos por sus beneficiarios.

Téllez, en su estudio “Crédito educativo: Experiencias internacionales y desafíos futuros en América latina”,  constata que: “La economía solidaria también participa en el financiamiento de la educación. Por ejemplo, las cooperativas colombianas, además de entregar el 20% de sus excedentes anuales para educación, administran sus propios programas de crédito educativo en

beneficio de sus asociados. Datos del año 2007 indican que, anualmente, el aporte del sector cooperativo por este concepto asciende a más de 10 millones de dólares estadounidenses, con los cuales benefician a más de 10 000 estudiantes”.

Lo anterior nos lleva a contemplar alternativas de financiamiento de las carteras de crédito educativo adicionales a los aportes del sector público, que pueden provenir, como vemos, del cooperativismo y otras formas de economía solidaria, como en el caso de las cooperativas, así como también del mutualismo. 

España ofrece, al respecto, un buen ejemplo. Las Cajas de Ahorros españolas, como Caixa Catalunya o Caja Madrid, por ejemplo, son entidades de crédito constituidas bajo la forma jurídica de fundaciones de naturaleza privada, con finalidad social y actuación bajo criterios de puro mercado, aunque revirtiendo un importante porcentaje de los beneficios obtenidos a la sociedad a través de su obra social. A diferencias de otras entidades financieras, las cajas de ahorro deben combinar su función financiera con la función social y ambas funciones son partes inseparables de un mismo modelo de gestión.

En nuestro país las Asociaciones de Ahorros y Préstamos, en cumplimiento de la ley que las y de la Ley Monetaria y Financiera, bien podrían y deberían aportar significativamente de sus beneficios a programas y carteras de crédito educativo entre las contribuciones que destinen a favor de obras de bien social.

No nos cansaremos de insistir en que la educación de calidad cuesta y cuesta mucho; y que la educación superior de calidad es aun más costosa que otros niveles educativos. Pero
en República Dominicana la inversión (o gasto) e educación superior como  porcentaje del PIB no llega al 1%. La mayor parte de los recursos destinados a la educación superior provienen de los hogares a través del pago de matrícula (casi un 75% del total). UNESCO, considerando sólo para el gasto público en educación superior recomienda aportar 2% del PIB.

De manera tal que el desarrollo de nuestra educación superior y la importante cuestión del acceso con equidad a la misma debe ser abordada del lado del numerador y no del lado del denominador.  Porque, como ha apuntado el Ing. Ramón Flores: “Hace muchos años que el esquema de financiamiento de la educación dominicana se agotó, obligando a las instituciones a vivir, no tanto de su propio sacrificio como de su propio deterioro.”

 

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Etiquetas: Julio Sánchez-Maríñez | Educacion de calidad | Educacion superior de calidad | |
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